Al analizar la deuda pública de los estados, la Auditoría Superior de la Federación documentó desvíos por miles de millones de pesos operados desde las gubernaturas, señaladamente las de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, que se añaden a otras irregularidades detectadas en los gobiernos de los priistas Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge. Y si bien se comprobó que tales desvíos fueron fundamentales para el incremento exponencial de la deuda pública de las entidades y se conocen los esquemas fraudulentos que se utilizaron, se desconoce aún el destino final de gran parte de esos recursos.
Los gobiernos de los priistas Javier Duarte de Ochoa, César Duarte Jáquez y Roberto Borge Angulo desviaron recursos multimillonarios que obtuvieron por medio de créditos, y ahora veracruzanos, chihuahuenses y quintanarroenses tienen que pagarlos durante dos décadas.
En Veracruz los desvíos podrían alcanzar 44 mil 772 millones de pesos; en Chihuahua se desconoce el paradero de 7 mil 713 millones, mientras en Quintana Roo se esfumaron por lo menos 2 mil 500 millones, de acuerdo con los informes que elaboró la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las deudas públicas de estas entidades.
Esto ocurrió en medio de la explosión generalizada de las deudas de los gobiernos estatales y municipales del país: ante la falta de liquidez, las administraciones locales tuvieron que recurrir a créditos de corto y largo plazos para financiar su gasto corriente e invertir en obra pública. En consecuencia, la deuda subnacional se disparó en 365 mil millones de pesos entre 2008 y 2016.
De acuerdo con los informes de la ASF, también hubo quienes se enriquecieron legalmente a partir del botín de la deuda.
Es el caso de los bancos, que en los últimos 10 años se convirtieron en los principales acreedores de los gobiernos estatales y municipales, a los que cobran jugosos intereses: tan sólo en 2016, los veracruzanos y los quintanarroenses pagaron 4 mil 110 millones y mil 653 millones de pesos, respectivamente, sólo en intereses y gastos asociados a la deuda pública.
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