El proceso legal contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y la solicitud de desafuero en su contra se vislumbran como casos mediáticos para ser usados rumbo a las elecciones de junio próximo, cuando se elijan alcaldes y diputados locales y federales, coinciden académicos y políticos entrevistados por Proceso.
Sobre la acusación judicial por presunto lavado, los consultados calculan que ésta podría chocar con el “dique” que levantaron los diputados panistas en el Congreso estatal, afines al gobernador.
De esa manera, García Cabeza de Vaca se perfila para concluir su mandato en 2022 en una entidad considerada Estado fallido y bajo el dominio del crimen organizado.
Sobre su caso, el propio Ejecutivo estatal ha denunciado a la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, de armar un expediente en su contra basado en “sospechas con propósitos políticos y electorales”.
Sus señalamientos son consecuencia del expediente que recibió de parte de la Cámara de Diputados y con el cual se solicita su desafuero. Detalla que, a diferencia de lo que se filtró en la prensa, la petición para desaforarlo no incluye delitos como el contrabando de combustible, narcotráfico o su colaboración con el crimen organizado o equivalentes.
Según el mandatario, en el expediente presentado a los diputados la principal acusación se suscribe en el “impago de contribuciones fiscales”, un delito “menor” que no amerita que sea desaforado, según abogados consultados.
هذه القصة مأخوذة من طبعة March 21, 2021 من Revista Proceso.
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