El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, sostiene que está en un territorio apache: “Tengo 25 mil empleados y todos los días he tenido que hacer muchas cosas para empezar a controlar ese verdadero caos”. Sin embargo, su verdadero incordio lo forman Eduardo Ibarrola Nicolín y Guillermo Fonseca Leal, funcionarios que le heredó la administración peñanietista. Ellos son quienes se encargan de operar los casos de extradición y, según funcionarios consultados por Proceso en México y Estados Unidos, tienen un negro historial.
WASHINGTON.- El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, heredó de su antecesor en la antigua PGR, Alberto Elías Beltrán, a dos personajes: Eduardo Ibarrola Nicolín y Guillermo Fonseca Leal, cuya misión consiste presuntamente en minar los casos de extradición de políticos acusados de corruptos por instancias extranjeras, según afirman a Proceso funcionarios del gobierno federal.
Antes de que terminara el sexenio de Enrique Peña Nieto, Elías Beltrán, encargado de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), llevó a la dependencia a Ibarrola Nicolín –y éste a Fonseca Leal– “para atrasar en todo lo posible casos relevantes como la extradición de Estados Unidos a México del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez”, comenta a Proceso un alto funcionario de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) que pidió la reserva de su nombre.
Según el entrevistado, el encargo de Elías Beltrán a Ibarrola Nicolín y a Fonseca Leal –jefe y coordinador de asuntos internacionales en la FGR, respectivamente– fue “cuidar los intereses de Peña Nieto en asuntos como el de Duarte Jáquez, Pegasus, Odebrecht, que expondrían la corrupción en el sexenio pasado y en el PRI”.
Consultado sobre las actividades de los dos funcionarios en la FGR, el titular de la dependencia, Alejandro Gertz Manero, dijo en entrevista con este corresponsal que tanto Ibarrola como Fonseca forman parte del engranaje que heredó de la antigua PGR, que incluye más de 300 mil asuntos judiciales inconclusos y nebulosos, así como el manejo de unos 25 mil empleados.
هذه القصة مأخوذة من طبعة May 19, 2019 من Revista Proceso.
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