Miguel Ángel Celis, nuevo director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía –uno de los centros médicos más reputados del país– es acusado por colegas y pacientes de participar en un esquema de experimentación médica en el que estos últimos han sido usados, de plano, como conejillos de Indias. El ensayo afectó a unas 500 personas, algunas de las cuales han muerto y otras padecerán secuelas de por vida. Lo grave, así, no es sólo la designación de Celis, sino el hecho de que el caso no ha sido debidamente investigado ni sancionado por las autoridades del país.
El nombramiento de Miguel Ángel Celis como director general del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez (INNN), el 17 de febrero pasado, revivió una polémica relacionada con su presunta responsabilidad en la práctica experimental ilegal realizada contra más de 500 pacientes con hidrocefalia desde hace más de 10 años.
En entrevista, el neurocirujano Rodolfo Ondarza –quien aspiraba a la dirección del INNN– ha denunciado irregularidades en el proceso para beneficiar a Celis, quien en 2006 fue acusado de incurrir en diversas acciones irregulares cuando fue director de Radioneurocirugía y fue acusado de fraude por su investigación sobre la esclerosis múltiple. El escándalo lo orilló a renunciar al cargo.
De acuerdo con Ondarza, Celis forma parte del Comité de Ética y Transparencia en la Relación Médico-Industria (Cetremi), junto con Julio Sotelo, quien a comienzos de los años noventa diseñó un sistema de drenaje para tratar casos de hidrocefalia, pero el modelo no cumplió con las estipulaciones de la Secretaría de Salud. Sin embargo, a partir de 1998 Sotelo ordenó que se usara de manera experimental, sin que el protocolo de investigación fuera revisado por el Comité de Ética del nosocomio.
Ondarza, junto con los neurocirujanos Édgar Natal Vera y Roberto Suástegui, pidió al actual secretario de Salud, José Narro, la recomposición del comité designado para la selección, porque con Celis en éste había un conflicto de interés y se violaba la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Narro, sostiene, nunca les respondió.
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