Roberto Campa Cifrián, el funcionario de Gobernación encargado de la protección a periodistas y defensores de los derechos humanos, reconoce que la impunidad alienta los asesinatos de los comunicadores. Aún más, desgrana la serie de fallas de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión: “No hay ministerios públicos, peritos y policías especializados (…) No se hacen investigaciones de contexto, los ministerios públicos en cuanto pueden escurren el bulto para tratar de que las investigaciones se orienten por otro lado”. Pero también trata de defenderse y asevera que la situación era peor en el sexenio de Calderón.
Enrique Peña Nieto, el jefe de Estado, suplicó: “Les pido una cosa: ayúdenme a honrar mi palabra”.
Lo escuchaban la subprocuradora de Derechos Hu manos de la Procuraduría General de la República (PGR), Sandra Irene Herrerías; el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián; y el fiscal especializado en delitos cometidos contra la libertad de expresión, Ricardo Sánchez.
Era el miércoles 17 de mayo, dos días después del asesinato de Javier Valdez Cárdenas, y minutos antes Peña Nieto había anunciado, junto con gobernadores en Los Pinos, un conjunto de acciones para combatir la violencia contra los periodistas, varios de los cuales exigieron justicia a gritos y a quienes se aproximó brevemente.
Relata Campa Cifrián: “Cuando terminó de dar su discurso y antes de acercarse a los periodistas, nos dijo enfáticamente: ‘Quiero honrar mi palabra. Ayúdenme. Cuentan con todo el respaldo del gobierno para que yo honre mi palabra’”.
Responsable de la política pública de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, a cargo de la Secretaría de Gobernación, Campa Cifrián niega que Peña sea omiso y permisivo con la violencia contra los informadores, pese a que desdeñó los más de 30 asesinatos que acumula en su mandato, incluido el de Miroslava Breach, y sólo reaccionó ante el de Valdez.
“Para el presidente es una prioridad que se resuelvan los casos pendientes”, afirma, “sobre todo estos últimos que son emblemáticos; y es también una prioridad que se fortalezcan las instancias de investigación y el sistema de seguridad.”
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