México podría pagar hasta mil 500 millones de pesos más de lo que ha recibido en 12 años por haber adquirido “seguros” contra huracanes y terremotos. Los “bonos de riesgo catastrófico”, contratados desde 2006 –uno de ellos avalado en 2012 por Meade como secretario de Hacienda–, suenan bien en el papel, pero la realidad es que las maniobras de las reaseguradoras y los intermediarios financieros inciden para que los recursos destinados a la reconstrucción, surgidos del Fonden, no sean reembolsados. El problema es que, como condición para el pago, los contratos correspondientes establecen que el poder destructor de los desastres naturales tiene que ser muy, muy alto.
El pasado 7 de septiembre, cuando el terremoto de magnitud 8.2 dejó regiones enteras de Oaxaca y Chiapas en escombros y afectó la vida de cerca de dos millones de personas, José Antonio Meade Kuribreña, entonces secretario de Hacienda, trató de calmar las preocupaciones sobre el costo multimillonario que se vislumbraba para la reconstrucción.
El ahora candidato presidencial anunció la llegada de dinero fresco gracias a un instrumento financiero llamado bono de riesgo catastrófico, que México fue el primer país del globo en emitir, en 2006.
“Este bono catastrófico nos ayuda en eventos extremos como éste, que hoy vimos”, dijo Meade en entrevista televisiva el 12 de septiembre. “Nos permite enfrentar la contingencia con salud de finanzas públicas, pero sobre todo con agilidad y con mecanismos para que pronto se sienta el apoyo, el aliento y la cercanía desde la emergencia hasta la reconstrucción.”
Pero el bono, que el doctor en economía presumió como un éxito y una muestra de buena gestión, le costó en realidad más de 35 millones de dólares a México en los últimos 12 años, y las pérdidas podrían elevarse a 77 millones de dólares (cerca de mil 500 millones de pesos) en el caso de no ocurrir un desastre de altísima intensidad en los próximos dos años.
Estos recursos provinieron del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y se terminaron gastando en el pago de primas a inversionistas y en comisiones a empresas reaseguradoras e intermediarios financieros, mediante sociedades de papel radicadas en los paraísos fiscales de Bermuda y las Islas Caimán.
هذه القصة مأخوذة من طبعة April 08 2018 من Revista Proceso.
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