La reparación integral del daño a las víctimas de la llamada “Masacre de Allende” –compromiso del Estado reivindicado por la Secretaría de Gobernación en diferentes oportunidades desde 2019– per manece incumplido. Más aún, ante las peticiones de explicación, la dependencia no ofrece respuestas y ni siquiera admite el carácter de defensores a un grupo de abogados derechohumanistas que intenta representar formalmente a las víctimas en esta causa.
El pasado 5 de octubre, tres de las víctimas del oscuro episodio hicieron llegar a la Subsecretaría de Derechos Humanos, que encabeza Alejandro Encinas, una misiva en la que se dicen extrañadas por el incumplimiento.
En la carta, Yuliana López Ibarra, Mónica Garza Villarreal y Silvia Garza Villarreal recuerdan que tanto el propio Encinas como Olga Sánchez Cordero, cuando era secretaria de Gobernación, se comprometieron públicamente a cumplir la recomendación 10, por violaciones graves a los derechos humanos (10VG/2018), emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La recomendación se refiere a un suceso oscuro en el que oficialmente se reconoce la desaparición de 49 personas el 18 de marzo de 2011 en Allende y otros municipios de las regiones Cinco Manantiales y Frontera, ubicados en el norte de Coahuila. Las víctimas y defensores de derechos humanos sostienen que fueron más de 300 personas las desaparecidas ese día y varios posteriores.
هذه القصة مأخوذة من طبعة December 11, 2022 من Revista Proceso.
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