En enero, la Junta de Castilla-La Mancha aprobó una moratoria a las explotaciones ganaderas de porcino. La moratoria no permitirá la autorización de nuevas explotaciones porcinas intensivas en la región. En este sentido, la Generalitat de Catalunya anunció en agosto extender la moratoria en esta comunidad cuatro años más.
Desde hace varios años, las plataformas vecinales contra la ganadería industrial reclaman que no se sigan dando licencias para explotaciones ganaderas intensivas. Las administraciones públicas tienen competencias para frenar las macrogranjas que están inundando todas las regiones. En el caso de los ayuntamientos, estos son competentes en materia urbanística y pueden suspender las licencias municipales de construcción y ampliación de naves ganaderas. También las Comunidades Autónomas cuentan con competencias para paralizar las autorizaciones ambientales y pueden suspender la puesta en marcha o ampliación de estos proyectos. De igual manera, el Gobierno, de quien depende la gestión del agua a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, puede establecer una moratoria para la concesión de agua a este tipo de explotaciones ganaderas. Cualquier administración pública puede poner en marcha medidas para frenar el modelo ganadero intensivo, es solo una cuestión de voluntad política, aunque la realidad es que, en muchos casos, se pasan la ‘pelota’ unas a otras y dejan hacer a esta industria.
Frenar el actual modelo ganadero
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