Una de las prioridades del Gobierno del Estado español para 2022 es aprobar un nuevo marco normativo para la gestión de la actividad pesquera. La ley de pesca que está en vigor es de 2001 y no se ha actualizado a pesar de los cambios normativos y el avance en el conocimiento científico. Eltítulo es prometedor ya que integra los conceptos de sostenibilidad e investigación: “Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera”. Sin embargo, el acervo conservador del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se deja entrever en los detalles del borrador del anteproyecto de ley: el texto no incluye cambios relevantes para garantizar una transición justa y sostenible de la pesca, tan necesaria en el contexto actual de crisis ecológica global. Aunque se producen mejoras con respecto al marco normativo anterior, hasta el momento la posición del Gobierno sigue basándose en datos socioeconómicos que desconocemos y carece de una visión a largo plazo.
Cuando hablamos de crisis de pérdida de biodiversidad en el medio marino, nos referimos, en palabras de la Unesco, a que: “para el año 2100, si no se producen cambios significativos, más de la mitad de las especies marinas del mundo podrían estar al borde de la extinción”. La sobrepesca y las prácticas pesqueras destructivas han sido la principal causa de la pérdida de biodiversidad marina durante los últimos 40 años y continúan siendo la principal amenaza. Además, ahora también se sabe que estas prácticas limitan de forma crítica la resiliencia de las poblaciones de peces y otras especies silvestres a los impactos del cambio climático y su capacidad para mitigarlo.
UNA VISION ECOSISTEMICA
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ABREGU María González Reyes
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