GINEBRA.– Con el fin de que el Estado mexicano cumpla con las convenciones y los tratados internacionales en materia de los derechos humanos, expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitaron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que modifique o anule aspectos del acuerdo por el cual dispone de las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública.
En una carta fechada el 9 de octubre último –a la cual Proceso tuvo acceso– el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desaparición Forzada, la relatora especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Agnes Callamard; el relator especial sobre Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y Asociación, Clement Nyaletossi Voule, y el relator especial sobre Tortura, Nils Melzer, pidieron al gobierno mexicano que aclare los puntos del acuerdo presidencial que no concuerdan con los estándares internacionales sobre el papel de las fuerzas castrenses.
En particular, la ONU urge a México a derogar el aspecto que impide que se cumpla con la temporalidad máxima del despliegue de las Fuerzas Armadas por cinco años y destaca la necesidad de que establezca “una ruta de salida que materialice su retiro gradual, ordenado, verificable y con plazos definidos de las tareas que no les son propias”.
El grupo de especialistas critica el acuerdo mexicano, en vigor del 12 de mayo último hasta el 27 de marzo de 2024, por carecer de información que permita evaluar que opera con estándares internacionales en materia de los derechos humanos.
Diese Geschichte stammt aus der November 01, 2020-Ausgabe von Revista Proceso.
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