A cuatro aos de la desaparicin de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, nicamente hay tres certezas: la cadena de errores que ha cometido el gobierno federal en relacin con las investigaciones de los hechos; la indignacin que desataron en Mxico y el extranjero; y la persistencia de los padres de los estudiantes en la bsqueda de la verdad y la justicia.
Los yerros empiezan en la valoración misma de los acontecimientos, pues en un primer momento el presidente Enrique Peña Nieto pretendió minimizarlos y delegó totalmente la responsabilidad de las investigaciones a las autoridades estatales. Fue hasta una semana después, cuando José Luis Abarca, entonces alcalde de Iguala, ya había huido, que la Procuraduría General de la República atrajo la investigación.
Casi un mes después, el 23 de octubre de ese año, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, ante la indignación nacional e internacional, se vio obligado a solicitar licencia a su cargo; y dos semanas después, el 7 de noviembre, en rueda de prensa el entonces procurador Jesús Murillo Karam pretendió cerrar el caso anunciando su llamada “verdad histórica”, según la cual los estudiantes habrían sido cremados por el cártel Guerreros Unidos, en el basurero municipal de Cocula, Guerrero.
El 11 de noviembre, cuatro días después de la declaración de Murillo Karam, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) señaló que no se había confirmado que los restos hallados en el basurero y otras fosas de Guerrero correspondiesen a los de los estudiantes desaparecidos. El 18 de noviembre, el gobierno federal y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acordaron conformar un grupo de expertos internacionales que acompañaran las investigaciones de las autoridades mexicanas en relación con este caso.
Diese Geschichte stammt aus der September 30, 2018-Ausgabe von Revista Proceso.
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TOTALCO, DONDE LA DISPUTA POR EL AGUA CADA DÍA ESTÁ A PUNTO DE DESBORDARSE
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EN MANOS DE CUADROS POLÉMICOS
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En Edomex falsos narcos extienden el cobro de piso
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