MADRID.- Durante el gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), el Ministerio del Interior español echó mano de algunos miembros de la Policía Nacio nal, quienes actuaron al margen de la ley, espiaron y robaron pruebas –que documentaban el financiamiento ilegal al Partido Popular (PP)– que estaban en poder de Luis Bárcenas, el gerente y tesorero del partido durante unos 20 años.
El pasado 9 de septiembre el juez José de la Mata, magistrado del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, levantó el secreto del sumario de la denominada Operación Kitchen, y destapó la podredumbre de la policía política española bajo las órdenes de un gobierno del PP.
A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez imputó al ministro del Interior y hombre de la más absoluta confianza de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, aunque no vio indicios suficientes para imputar a la exnúmero dos del PP, la exsecretaria general, María Dolores de Cospedal, ni a su marido, Ignacio López del Hierro.
Por ser “necesaria, útil y pertinente”, el juez ordenó la comparecencia de Fernández Díaz para el próximo 30 de octubre, porque las pesquisas sitúan al Ministerio del Interior como el núcleo “desde donde se habría dirigido y coordinado toda la operativa, presuntamente con la participación directa del ministro”.
Hasta ahora la fiscalía no ve indicios suficientes para imputar al expresidente Mariano Rajoy, pese a que un informe policial del caso, en el que se le señala con la clave del “Asturiano”, lo considera conocedor del operativo de espionaje.
Diese Geschichte stammt aus der October 11, 2020-Ausgabe von Revista Proceso.
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