Hace nueve meses Samuel Ventura Ramos, juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas, recibió 15 pruebas documentales, entre ellas una obtenida por la DEA, las cuales demostraron que Gildardo López Astudillo, Cabo Gil o Vaquero, tuvo una participación esencial en lo sucedido a los estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014. Aun así, el 31 de agosto pasado le abrió las rejas del penal del Altiplano y lo dejó en libertad.
De acuerdo con documentos consultados por este semanario, el 5 de noviembre de 2018 el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) (hoy Fiscalía), ofreció como prueba de la culpabilidad del Gil varias documentales públicas consistentes en la contestación certificada de autoridades estadunidenses, en respuesta a una solicitud de Asistencia Jurídica Internacional formulada por el gobierno mexicano.
Se ofreció la acusación de la causa número 14 CR 705 del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Illinois del 18 de abril de 2017, a través de la cual se ejercitó acción penal en aquel país contra ocho presuntos integrantes del Cártel Guerreros Unidos.
El 12 de junio siguiente se agregó otra acusación a la misma causa y se entregaron las transcripciones de los mensajes realizados mediante aparatos de telefonía celular (BlackBerry), correspondientes al PIN 2A0AA879, asignado al usuario alias Silver, y el PIN 3329D00E, a Pablo Vega Cuevas; todas debidamente apostilladas.
Diese Geschichte stammt aus der September 08, 2019-Ausgabe von Revista Proceso.
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