La reforma al sistema de seguridad social de Nicaragua dio pie, en abril y mayo pasados, a jornadas de protesta que se saldaron con más de 100 muertos. A petición de la CIDH, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes analizó lo ocurrido aquellos días y su informe es demoledor, por lo que el gobierno de Ortega no permitió que se diera a conocer en la nación centroamericana. El documento, presentado el viernes 21 en Estados Unidos, habla de un ataque del Estado “generalizado y sistemático contra la población civil”, a través de “la Policía Nacional (…) y grupos paraestatales” que incluyen “grupos de choque”, pero también “grupos paramilitares o parapoliciales”.
Es el miércoles 19, horas después de que el gobierno de Daniel Ortega le informara al GIEI, “de una manera muy diplomática, que entendían que habíamos culminado la misión y que teníamos que dejar el país cuanto antes”, refiere Incalcaterra.
La misión del GIEI en Nicaragua fue la de investigar los hechos de violencia ocurridos en ese país entre el 18 de abril y el 30 de mayo, en las protestas antigubernamentales por la reforma del sistema de seguridad social que derivaron luego en la exigencia de renuncia del mandatario.
El informe del GIEI –presentado en Washington este viernes 21– considera que la respuesta del Estado a las manifestaciones se dio como “un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”, a través de la articulación de “la Policía Nacional, alcaldías y grupos paraestatales” que incluyen “grupos de choque”, pero también “grupos paramilitares o parapoliciales”.
Diese Geschichte stammt aus der December 23, 2018-Ausgabe von Revista Proceso.
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TOTALCO, DONDE LA DISPUTA POR EL AGUA CADA DÍA ESTÁ A PUNTO DE DESBORDARSE
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