TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- “En Ayotzinapa fueron 43… ahora a sus padres les va a tocar buscar a 95”, les decían las policías estales una y otra vez a las estudiantes de la normal rural Mactumactzá detenidas el pasado 18 de mayo mientras repartían volantes en la caseta de cobro de la carretera de cuota San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez. Ellas sólo exigían que el examen de nuevo ingreso fuera presencial.
Siete días después de su liberación, Tania y Vanessa, dos de las normalistas de primer año que omiten su verdadera identidad para evitar ser identificadas, pues su proceso sigue abierto, cuentan el terror psicológico y las agresiones físicas y sexuales sufridas entre su detención y su arribo al penal El Amate, en el municipio de Cintalapa.
El 18 de mayo, narran, salieron temprano a volantear. No desayunaron, pues pensaban regresar rápido a la normal, ubicada en Tuxtla Gutiérrez. Su propósito era informar sobre su exigencia de un examen en cuadernillo, para que todos los aspirantes tengan oportunidad de ingresar a la escuela, pues la mayoría proviene de zonas rurales e indígenas; algunos carecen de computadoras o no tiene internet, y otros viven en zonas sin energía eléctrica.
De los 480 estudiantes matriculados en la “Mactu”, la mayoría proviene de comunidades tzeltales, tzotziles, choles, tojolabales y zoques.
Diese Geschichte stammt aus der June 06, 2021-Ausgabe von Revista Proceso.
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