OAXACA, OAX.— “Se ha desvirtuado una vez más el significado de la justicia y la verdad”, se dolió la familia de Claudia Uruchurtu Cruz al escuchar la decisión de la jueza penal María Teresa Quevedo Sánchez, quien reclasificó la acusación contra la exalcaldesa morenista Lizbeth Victoria Huerta a un delito menor y la condenó a sólo cuatro años y dos meses de prisión, en el proceso por la desa parición de la activista británicomexicana ocurrida en marzo de 2021.
La jueza eliminó la imputación contra la exalcaldesa de Asunción Nochixtlán como autora intelectual –por la que fue procesada– para sentenciarla sólo por obstrucción de la búsqueda, lo que la familia de la activista considera un acto de impunidad que mancha desde el principio el sexenio del morenista Salomón Jara Cruz, quien asumió como gobernador de Oaxaca el pasado jueves 1.
Al principio, el caso de Claudia Uruchurtu fue calificado como un “hecho histórico”, pues se logró la detención de servidores públicos que serían procesados y sentenciados por el delito de desaparición forzada.
Pero la protección y el respaldo total que mostró Jara Cruz para la exalcaldesa desde que era candidato se impusieron, incluso sobre el exhorto del presidente López Obrador, quien pidió una sentencia ejemplar para quien resultara culpable; incluso se refirió al caso Uruchurtu –quien aún no ha sido localizada– como una desaparición forzada y una presunta ejecución extrajudicial.
Diese Geschichte stammt aus der December 18, 2022-Ausgabe von Revista Proceso.
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