Bajo la gestión de Francisco Garduño Yáñez, el Instituto Nacional de Migración (INM) se ha convertido en una de las dependencias más opacas de la administración pública federal.
Desde que Garduño fue nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en junio de 2019, él y su equipo han usado la seguridad nacional como pretexto para adjudicar, de manera directa, contratos de cientos de millones de pesos a empresas fantasma, compañías cuestionadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a una empresa vinculada con un operador político del canciller Marcelo Ebrard Casaubon.
Dotado de una bolsa de recursos poco transparente y alimentada por el cobro de cuotas migratorias, el INM ha gastado recursos millonarios para operar, vigilar y mantener los centros de detención migratoria, incluyendo el de Ciudad Juárez, donde 39 migrantes – hasta el momento– fallecieron en un incendio la noche del 27 de marzo último.
Entre 2020 y 2021, pese a las instrucciones de López Obrador para que las dependencias contraten al Servicio de Protección Federal (SPF) cuando necesiten guardias de seguridad, el equipo de Garduño pagó 358 millones de pesos a la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA) para custodiar sus 28 recintos en el país. SEICSA pertenece al empresario coahuilense Elías Gerardo Valdés Cabrera, quien funge como cónsul honorario del gobierno de Nicaragua en Monterrey y Saltillo.
Diese Geschichte stammt aus der April 02, 2023-Ausgabe von Revista Proceso.
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