Especialistas en administración pública y en las Fuerzas Armadas advierten: en el arranque del nuevo gobierno, éste sigue sin aclarar las causas por las que otorgó al Ejército la atribución como constructor de infraestructura e incrementó su presupuesto. Tampoco ha especificado, dicen, cómo se aplicarán los recursos que se generen.
A pesar de que no existe proyecto ejecutivo ni estudios técnicos para construir el aeropuerto internacional de Santa Lucía, el gobierno de López Obrador ya trans firió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 15 mil millones de pesos para realizar esta obra.
Ese dinero lo etiquetó como parte del presupuesto canalizado a la Dirección General de Ingenieros (DGI) de la institución, el cual es de 21 mil millones de pesos, equivalente a 22% del presupuesto global del Ejército: 93 mil 670 millones de pesos.
Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señalan que de esos 21 mil millones asignados a la DGI, 17 mil millones serán destinados a dos rubros: el primero, a provisiones de “infraestructura de seguridad pública y ejército”; el otro, a “la modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria y de conectividad”.
Este hecho se empalma con las declaraciones del presidente López Obrador del pasado 10 de febrero, en las que​ anunció que la Sedena tendrá la administración del aeropuerto de Santa Lucía.
Las fuentes consultadas señalan que, pese a no existir proyecto ejecutivo, los fondos ya fueron transferidos desde las cuentas de la Tesorería de la Federación mediante la partida 7900, creada para “Provisiones de contingencias y otras erogaciones especiales”.
Esta historia es de la edición March 10, 2019 de Revista Proceso.
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