Existen razones objetivas para considerarlo el peor gobernante del país: durante el sexenio del priista Javier Duarte, Veracruz dejó de ser una referencia entrañable para convertirse en sinónimo de narcoestado, de territorio impune, de averno. Y el aún gobernador está acusado de lo peor que puede acusarse a un político: opacidad, amiguismo, amenazas, corrupción desbocada, ataques, asesinatos. El corresponsal de este semanario, Noé Zavaleta, relata la historia de dicha podredumbre en su libro El infierno de Javier Duarte. Crónicas de un gobierno fatídico (Ediciones Proceso, 2016), que ya está en librerías y del que reproducimos un fragmento del primer capítulo.
Dos policías estatales con armas de grueso calibre se atrincheran en el cruce de la avenida Ignacio Zaragoza y Sebastián Camacho, en pleno corazón de Xalapa. Dos más se colocan en los bajos del viaducto, a unos pasos de la cochera del Palacio de Gobierno. Otros oficiales descienden de aparatosas motocicletas BMW con el logo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.
El mensaje para los comerciantes y transeúntes de Xalapa es elocuente: el gobernador, Javier Duarte de Ochoa, está por arribar a su oficina. Segundos después, un ulular de sirenas anticipa la llegada de un convoy de tres o cuatro camionetas Suburban blindadas, según la ocasión. En alguna de ellas, de forma aleatoria, viaja Duarte con sus colaboradores más cercanos. En las otras van los escoltas y empleados de ayudantía de la oficina de gobierno, todos ellos fuertemente armados y con entrenamiento en el ejército israelí.
Al momento de entrar, los guaruras del primer cinturón de seguridad bajan de los vehículos aún en movimiento, con la mano en sus armas, atentos al mandatario y al entorno. Garantizado el arribo del gobernante priista sin contratiempos, entran al inmueble gubernamental antes de que la puerta se cierre.
Otros dos funcionarios veracruzanos utilizan un operativo de seguridad igual de costoso y escandaloso: el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, y el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Luis Ángel Bravo Contreras. Ambos cuentan también con un convoy de la Marina-Armada de México y patrullas de la Fuerza Civil (FC).
Esta historia es de la edición June 26 2016 de Revista Proceso.
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