De acuerdo con organizaciones de periodistas, no basta que la administración federal decida reducir el gasto en la publicidad oficial que se destina a los medios de comunicación. Lo ideal, dicen, sería que el próximo gobierno aclare cómo se va a distribuir la pauta de los anuncios gubernamentales, algo que tendría que acompañarse de un cambio real en la relación entre poder y medios para garantizar la libertad de expresión. Incluso la ONU y la CIDH han expresado su interés en el asunto, especialmente después de la aprobación de la peñanietista Ley Chayote.
El anuncio de Andrés Manuel López Obrador de que su gobierno reducirá a la mitad los recursos en publicidad oficial fue bien recibido por quienes durante años han peleado por transparentarlos. Pero entre ellos hay un temor: que la centralización del gasto y de la comunicación social en la Presidencia terminen por reproducir la discrecionalidad con que las administraciones del PRI y del PAN han manejado esos recursos para controlar a los medios.
La herramienta actual para continuar este mismo esquema –que mantendrá su vigencia en el próximo gobierno– es la Ley General de Comunicación Social, aprobada por la mayoría del PRI en la saliente legislatura y que entrará en vigor en enero de 2019. Esa ley terminó siendo conocida como Ley Chayote, porque legalizó el uso discrecional de la publicidad para premiar o castigar a los medios.
El colectivo #MediosLibres, integrado por organizaciones no gubernamentales, periodistas y académicos, le ha solicitado a López Obrador y a los próximos legisladores derogar esa Ley Chayote, que además está impugnada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Para #MediosLibres hay un camino avanzado: entre quienes impugnaron la ley ante la SCJN –por considerar que viola la Constitución– están actuales senadores que en la próxima legislatura serán diputados. Además, el próximo senador morenista por el Distrito Federal, Martí Batres, tuiteó la semana pasada que la reducción al gasto de publicidad anunciado por López Obrador debe estar acompañado de los nuevos criterios de asignación que establezca la siguiente legislatura.
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