La primera crisis ambiental que enfrentó el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México puso a prueba su desempeño. Pese a que se trató de un tema que conoce, se percibió una demora injustificada para aplicar medidas que atenuaran la emisión de contaminantes y previnieran el daño a la salud pública. Esto, a pesar de que ya existía un estudio detallado sobre las deficiencias en la cobertura del monitoreo atmosférico y un convenio para subsanarlas.
Autoridades federales y de la Ciudad de México actuaron de manera “tardía” y cometieron omisiones “graves” al atender la crisis ambiental de la semana pasada, pese a que desde septiembre de 2016 la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) alertó de la falta de tecnología para medir las emisiones de partículas contaminantes PM2.5 y, con base en ella, emitir protocolos a fin de evitar daños a la salud pública.
El problema no fue financiero. Desde abril de 2017 el Banco Nacional de Obras Demora y omisiones de Sheinbaum ante la contingencia y Servicios Públicos (Banobras) asignó 150 millones de pesos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para resolver esas carencias y aplicar un programa de actividades en los siguientes tres años, es decir, hasta 2020.
Pese a ello, los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México comenzaron a padecer, desde el pasado jueves 9, una alta concentración de partículas PM2.5, contaminantes sólidos y líquidos suspendidos en el aire que afectan más a la salud que cualquier otro.
Sin embargo, la CAMe declaró contingencia ambiental sumada con ozono el martes 14 y la levantó la noche del viernes 17. Esta fue la primera crisis por contaminación que enfrenta la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, doctora en ingeniería ambiental y experta en cambio climático ante la ONU.
Esta historia es de la edición May 19, 2019 de Revista Proceso.
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