Después de que el presidente Donald Trump canceló el programa DACA –que protegía de la deportación a unos 800 mil jóvenes indocumentados y les proporcionaba permisos de trabajo renovables cada dos años–, la suerte de éstos se encuentra en manos del Congreso, el cual tiene ahora seis meses para generar una propuesta legislativa que solucione el problema. El debate se centra en el tipo de ley que podría aprobar: una específica para los dreamers o una que contemple otros asuntos migratorios y que condicione su aprobación a factores como el reforzamiento de la seguridad fronteriza, incluido el financiamiento y la construcción del muro.
LAS CRUCES, NUEVO MÉXICO.- En la mente de Sergio Baray no hay lugar para la autocompasión. El joven de 22 años está enfocado no sólo en terminar sus estudios universitarios, sino también en diseñar un plan de emergencia que le permita a su familia hacer frente a una eventual deportación.
Es el peor de los escenarios posibles, pero Baray está consciente de que podría suceder. Sus padres son indocumentados y él está bajo la protección del programa de Acción Diferida para Quienes Llegaron desde la Infancia (DACA), que fue cancelado la semana pasada por el presidente Donald Trump.
“Ahora casi sólo pienso en terminar la escuela. Tengo un año y medio para graduarme y alcanzo a renovar mi permiso dos años más”, dice Baray, quien estudia ciencias de la computación en la Universidad Estatal de Nuevo México. “Mis padres están muy angustiados por lo que nos espera”.
Baray llegó a Estados Unidos en 1999, cuando tenía cuatro años. Su madre cruzó la frontera desde Cuauhtémoc, Chihua hua, para reunirse con su esposo, quien había emigrado cinco años antes con la idea de forjar un mejor futuro para su familia. Sus dos hermanos, de 13 y 17 años, son ciudadanos estadunidenses.
La familia se estableció en Santa Fe y poco a poco logró salir adelante. Después de 11 años de trabajo con el mismo patrón, su padre logró comprar un restaurante y convertirlo en un negocio exitoso. Además, tienen una pequeña cafetería en un centro recreativo.
“Mis padres han trabajado muy duro y tienen miedo, pero su esperanza es que hemos contribuido a la economía, hemos pagado impuestos y no tenemos antecedentes criminales”, dice el joven.
Esta historia es de la edición September 10, 2017 de Revista Proceso.
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