El gobierno de Jimmy Morales está acorralado: por un lado, la sociedad guatemalteca, cansada de la corrupción rampante, ha protagonizado una inédita movilización que combina las marchas y protestas callejeras con campañas en las redes sociales. Por otro, una investigación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ha demostrado que el mandatario incurrió en presuntos actos de corrupción cuando coordinaba la campaña que lo llevó al poder. “Pacto de corruptos” fue el hashtag que saturó las redes cuando el Congreso modificó la ley para salvar al presidente... medida que tuvo que dar marcha atrás ante la enorme presión social.
CIUDAD DE GUATEMALA.- A las 9:00 horas del miércoles 20, estudiantes universitarios, integrantes de organizaciones campesinas e indígenas y miles de guatemaltecos que pocas veces habían participado en una manifestación, se preparaban para salir del campus central de la estatal Universidad de San Carlos y recorrer a pie la avenida Petapa hasta llegar a una intersección conocida como El Trébol. Allí se sumaron otras organizaciones y la marcha avanzó hacia el centro de esta capital, pasando frente al Congreso y finalizando ante Palacio Nacional.
El objetivo de la marcha: exigir la renuncia inmediata del presidente Jimmy Morales, quien con la consigna de “ni corrupto ni ladrón”, un hábil manejo de las redes sociales y un discurso nacionalista y conservador que encontró eco en la clase media urbana, logró una sorpresiva victoria en las elecciones de 2015.
El Paro Nacional 20S evocaba imágenes de otro, convocado el 27 de agosto de 2015, para exigir la renuncia de su antecesor el general retirado Otto Pérez Molina, quien actualmente, preso, enfrenta tres procesos penales por corrupción.
La luna de miel de Morales con el electorado fue de corta duración. El primer desgaste vino en septiembre de 2015 cuando una investigación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), financiada por la ONU para combatir el crimen organizado y la corrupción en el país, reveló el presunto involucramiento de su hijo y de su hermano en un caso de cotización y contratación anómala en el Registro de la Propiedad.
Esta historia es de la edición September 24, 2017 de Revista Proceso.
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