La vivienda de alrededor de 34 metros cuadrados se recorre dando poco menos de cuatro pasos a lo ancho y nueve de fondo.
Si alguna vez alguien la ocupó, ahora ya no tiene puertas ni ventanas ni servicios de agua ni de luz eléctrica ni muebles en el baño ni lavatrastes ni lavadero.
Las medidas de la construcción asfixian: en total 3.75 metros de ancho y nueve metros de largo; la recámara es de 2.5 por tres; el baño de 1.40 por 2.30, la azotehuela es una tripa de uno por 3.90 y la cocina, un fantasma que se pierde entre lo que uno imagina es la estancia-comedor.
Eso sí, la casa tiene espacio para un hipotético auto y cimientos para construir un segundo piso.
Esta vivienda se adquirió vía crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) por entre 250 mil y 300 mil pesos. Se localiza en el municipio mexiquense de Zumpango. Forma parte del llamado Fraccionamiento Santa Isabel, que se ubica a una hora y 30 minutos promedio de distancia, en transporte público, de la estación del Metro Indios Verdes y a 63 kilómetros del Zócalo de la Ciudad de México.
El cuerpo principal de la unidad habitacional está compuesto por unas 750 viviendas. Natividad Estrada, quien se presta a dar informes, dice que del total sólo alrededor de 250 están ocupadas por sus propietarios originales, otras 250 por “invasores” y el otro tercio se encuentran abandonadas.
–¿Por qué las abandonaron? –se le pregunta.
Esta historia es de la edición May 09, 2021 de Revista Proceso.
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La traición familiar, una estrategia de Estados Unidos contra el Mayo Zambada
Vicente Zambada Niebla y Jesús Rey Zambada, hijo y hermano del Mayo, en su calidad de testigos protegidos estarían obligados a testificar contra el capo de capos si así son definidos por el juez Cogan. De no aceptar, el acto sería considerado como una violación grave al acuerdo que firmaron y aceptaron bajo juramento. El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa y quien enfrenta acusaciones que suponen la pena capital, no descarta la posibilidad de negociar y cooperar con la justicia estadunidense para ser considerado testigo protegido.
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