En 2016 la FEPADE recibió documentos sobre el desvío de más de 200 millones de pesos con fines electorales por parte del entonces gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. Sin embargo, ahora que éste fue extraditado a México, luego de meses de cautiverio en Panamá, la Procuraduría General de la República lo acusa sólo de presunto lavado de dinero y desfalco al erario quintanarroense, pero no de peculado electoral. Y esa omisión resulta oprobiosa en tiempos de precampañas.
Durante los 214 días de prisión en Panamá, Roberto Borge Angulo, el exgobernador priista de Quintana Roo, no sólo perdió 20 kilos de su robusta figura sino también logró “adelgazar” los delitos que le imputa la Procuraduría General de la República (PGR), pues la dependencia ignoró los ilícitos derivados del peculado electoral por más de 200 millones de pesos y los relacionados con su presunto vínculo con el crimen organizado.
Considerado uno de los grandes “piratas” del erario federal y del de Quintana Roo, Borge hizo crecer la deuda pública estatal 115% durante su mandato, desvió más de mil 464 millones de pesos recaudados por el impuesto al hospedaje, dejó más de mil millones de pesos sin aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación, destinó más de 500 millones de pesos del erario sólo en rentas de aeronaves privadas, pero la causa penal 381/2017 de la PGR sólo lo acusa por presunto “lavado de dinero” y desfalco al erario estatal de 900 millones 99 mil 48 pesos en la venta irregular de 22 predios que fueron parte del Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE).
La PGR sostiene en su acusación que esos 22 predios, que suman 7 millones 118 mil metros cuadrados, fueron rematados entre 2011 y 2014 por el IPAE a familiares del entonces gobernador y a una red de prestanombres y amigos por debajo de su valor real. Los compradores pagaron sólo 238 millones 790 mil pesos, cuando su valor real era de mil 138 millones, de ahí el quebranto calculado en poco más de 900 millones.
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