A fin de obtener sentencias más benévolas por cooperar con las autoridades, los exfuncionarios chihuahuenses que operaron los millonarios desvíos del erario hacia las campañas del PRI en diversos estados detallaron ante la Fiscalía de su entidad cómo se cometió el delito, quiénes dieron las órdenes y de cuáles empresas se sirvieron. El resultado: la confirmación de las complicidades entre políticos y empresarios al más alto nivel para malversar fondos públicos con fines electorales.
CHIHUAHUA, CHIH.- Desde el gobierno de César Duarte Jáquez se orquestaron estrategias para desfalcar las arcas públicas de varias entidades en contubernio con gobernadores, líderes nacionales del PRI y empresarios, de acuerdo con información ventilada en investigaciones periodísticas y sobre todo, en audiencias públicas de exfuncionarios procesados o sentenciados.
Las principales dependencias oficiales utilizadas para operar los desvíos del dinero público y en las que el entonces gobernador Duarte Jáquez colocó a gente de su confianza, fueron las secretarías de Hacienda, Salud, Comunicaciones y Obras Públicas, Desarrollo Rural, Educación y la coordinación de Comunicación Social.
La investigación relacionada con una red de corrupción de gobiernos priistas se denomina Operación Zafiro y, de acuerdo con información extraoficial de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, incluye entidades como Nayarit, Quintana Roo y Aguascalientes.
El caso del exsecretario adjunto del PRI nacional y exsenador por Coahuila, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, dejó expuesta una red de funcionarios y empresarios que operaron para desviar recursos a campañas políticas o para acrecentar sus fortunas personales.
Gutiérrez Gutiérrez fue vinculado a proceso el jueves 21, en la Ciudad Judicial de Chihuahua, por el delito de peculado agravado.
En el PRI, al exsenador lo apodan La Coneja, por su gran capacidad para conseguir recursos y desviarlos, de acuerdo con los testimonios ventilados en la audiencia de vinculación a proceso.
Esta historia es de la edición December 24 2017 de Revista Proceso.
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