El Pentágono ha incentivado la participación de militares en el combate a las drogas en México, a pesar de las evidencias del alto costo en vidas y en dinero y los escasos resultados en el control de la delincuencia organizada.
Analistas militares estadunidenses admiten el fracaso de esa estrategia, e incluso advierten que la disminución de la violencia en el país pasa por una reforma policial y de defensa que aumente el sueldo a policías y soldados para reducir las probabilidades de que terminen trabajando para las organizaciones delictivas, como hasta ahora ha ocurrido.
Cuando en México aguardaba en el Congreso la Ley de Seguridad Interior, el exembajador de Estados Unidos en México Anthony Wayne les dejó en claro a los militares estadunidenses que sus colegas mexicanos estaban en la misma sintonía que el Pentágono, decididos a mantenerse en el combate a la delincuencia organizada. Es más, se han venido preparando para ello, declaró el diplomático que estuvo a cargo de la legación estadunidense en México entre 2011 y 2015, en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña, promotores ambos en el Congreso mexicano de un ordenamiento jurídico para legitimar la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad en tiempos formalmente de paz.
En un encuentro con militares de su país en la Academia de la Guardia Costera de Estados Unidos, en New London, Connecticut, el 29 de agosto pasado, Anthony Wayne aseguró que el personal castrense mexicano comparte el mismo enfoque que el Pentágono para enfrentar directamente a la delincuencia organizada y no sólo el flujo de sus mercancías ilegales.
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