La tragedia ocurrida el pasado miércoles 12 en el Paso Exprés de Cuernavaca, que le costó la vida a dos personas, fue el resultado inmediato de la enorme corrupción que permeó la construcción de esa vialidad y que le significó al erario más de mil millones de pesos no justificados. Numerosas anomalías fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, organismo que emitió varias observaciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, misma que no se dio por aludida en ningún momento.
No era una obra caprichosa. Ni de relumbrón.
El Paso Exprés de Cuernavaca había sido una demanda ciudadana para acabar con el problema de los embotella mientos cotidianos que padecían los habitantes de la capital morelense y quienes necesitaban trasladarse –incluidos los paseantes– a Chilpancingo, Acapulco o a la Ciudad de México.
De paso, la obra haría posible llegar a Acapulco, desde la Ciudad de México, en sólo tres horas y cuarto, con lo que se incentivaría el turismo no sólo hacia ese puerto sino a las zonas turísticas aledañas, tanto de Morelos como de Guerrero.
Y todo indicaba que sí era posible, pues el Libramiento a Cuernavaca Paso Exprés tiene una longitud de 14.5 kilómetros; 36 metros de ancho y 10 carriles, cinco por sentido, para un aforo de 100 mil vehículos diarios.
Cuando hizo la entrega oficial, el pasado 2 de abril, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que por las características y especificaciones técnicas de la obra y por los materiales utilizados en ella, el Paso Exprés tenía garantizada una durabilidad de más de 40 años.
Pero en realidad, el Paso Exprés fue un problema desde el principio.
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