El mercado inmobiliario de la Ciudad de México es un negocio multimillonario y al parecer imparable, cuyos cimientos legales y técnicos están podridos. Organizaciones ciudadanas y de colonos han denunciado desde hace años que algunas constructoras, en complicidad con autoridades del gobierno central y las delegaciones, se saltan las medidas de seguridad, vialidad y de riesgo del subsuelo con tal de construir barato y vender caro.
El pasado martes 19, como hace 32 años, un sismo removió la Ciudad de México. Pero si en 1985 salieron afectadas 2 mil 850 edificios y 15 mil viviendas tuvieron que ser derrum badas, el reciente ha dejado hasta ahora un saldo de 3 mil 848 edificios con daños estructurales, muchos de fecha reciente y cuya construcción ha sido denunciada por ilegalidades cometidas supuestamente con el aval de instancias de gobierno local como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y las jefaturas delegacionales.
El boom inmobiliario que experimenta la ciudad de México, sobre todo en zonas que se pusieron de moda como las colonias Roma, Condesa, Santa María la Ribera, Portales, Del Valle, San Rafael, San Pedro de los Pinos, además de Anáhuac y Granada –llamadas “Polanquito” o “ampliación Polanco” para ganar plusvalía–, tiene su origen en el año 2000, cuando el entonces jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, emitió el bando 2 que permitía la construcción de edificios en cuatro demarcaciones con la idea de hacer crecer la ciudad de manera vertical.
Posteriormente la medida se amplió a toda la ciudad con las normas emitida por los siguientes gobernantes, Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera.
Las principales constructoras de vivienda beneficiadas con estas normas son Hir Casa, Baita, Grupo Posadas y Del Parque, Grupo Frisa, Gap Inmobiliaria y el Grupo Danhos. Este último ha desarrollado alrededor de 1.5 millones de metros cuadrados primordialmente de espacios comerciales y de oficinas de “calidad premier”, incluyendo algunos proyectos residenciales.
Esta historia es de la edición September 24, 2017 de Revista Proceso.
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