En la lógica regresiva –y represiva– del actual régimen federal, una ley repudiada por organizaciones de derechos humanos mexicanas y extranjeras, y cuestionada por organismos internacionales, como la ONU y la OEA, acabó siendo aprobada por los diputados del PRI y del PVEM, 14 del PAN e incluso algunos del PRD y uno de Encuentro Social. Esta ley temeraria da amplias prerrogativas a los militares, como la de decidir por sí mismos cuándo y dónde intervenir en casos de “urgencia” para restaurar el orden interno. Libres, pues, seguirán en las calles del país con licencia para usar o interpretar a su modo el nuevo precepto legal.
Los militares mexicanos están por conseguir lo que por tantos años buscaron: la protección legal a cambio de participar en el combate a la delincuencia. Y, de paso, consolidarse como un esta mento que crece en presencia e influencia en el país, sin que informe de lo que hace y mucho menos rinda cuentas a nadie que no sea el presidente de la República en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
Gracias al apoyo de los partidos Revolucionario Institucional y del Verde, de una fracción de diputados de Acción Nacional y el respaldo de algunos legisladores del PRD y uno del Partido Encuentro Social, el Ejército y la Marina tendrán un mayor peso en la de por sí ya militarizada seguridad del país.
El jueves 30 de noviembre, en una sola jornada en la Cámara de Diputados y con la mayoría priista echada a andar, se aprobó primero el dictamen en la Comisión de Gobernación, en una sesión cerrada, y horas después se votó en el pleno la Ley de Seguridad Interior que tanto exigieron los militares desde el sexenio pasado para legitimar su presencia en las calles.
La ley da amplias prerrogativas a los militares, como la de decidir por sí mismos cuándo y dónde intervenir en casos de urgencia para restaurar el orden interno. Además, los faculta para recolectar información de inteligencia de seguridad interior y obliga a las autoridades civiles a darles la información que pidan.
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