Mauricio Funes hizo historia hace nueve años: llegó a la Presidencia de El Salvador impulsado por el FMLN, partido de izquierda que fue una de las partes beligerantes en la guerra civil que desangró a ese país el siglo pasado. Ahora, el personaje está acusado de peculado –cargo al que, además, podría sumarse el de lavado de dinero– por 351 millones de dólares, que habría usado para pagar una vida de lujos para él, su familia y sus amigos. El exmandatario salvadoreño vive en un exilio nicaragüense, mientras la Interpol ya tiene instrucciones de detenerlo.
SAN SALVADOR.- En marzo de 2009 Mauricio Funes Cartagena fue el primer presidente de El Salvador que llegó al poder por un partido de izquierda, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Hoy, nueve años después, vuelve a ser noticia: la Fiscalía General de la República lo acusa de desviar 351 millones de dólares (mdd) del Estado, con los que compró –mediante testaferros– dos departamentos y vehículos de lujo, viajó con su esposa y sus amantes por el mundo, pagó cirugías estéticas y adquirió 91 armas de fuego de colección.
Ahora está acusado de peculado y podría estar implicado también en lavado de dinero.
Pero no lo habría hecho solo: entre otros actuaron con él su ahora exesposa, Vanda Pignato; Francisco Cáceres, exsecretario privado de la Presidencia; Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez, administradores financieros de la Casa Presidencial; Miguel Menéndez Avelar, empresario, amigo de Funes y uno de los financistas de la campaña que lo llevó al gobierno.
Y, según los investigadores, replicó el mecanismo que antes usó su antecesor, Elías Antonio Saca: con el pretexto de pagar a los espías de la inteligencia del Estado desvió millones de dólares a dos cuentas privadas abiertas en el Banco Hipotecario –para “gastos reservados”– y luego retiró el dinero en efectivo.
Inclusive los titulares de las cuentas bancarias fueron los mismos que en la Presidencia de Saca: Rodríguez Arteaga y Gómez. Eran ellos quienes cada cierto tiempo iban al banco a retirar el dinero, custodiados por agentes de una empresa de seguridad privada.
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