A cargo del congelamiento de las licitaciones de compras consolidadas de servicios y sobre todo de medicamentos, que tantas críticas le han generado al presidente de la República, está la oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro. La experiencia de esta operadora financiera en la administración pública comenzó de la mano de su exprofesor en el Colmex, Carlos Urzúa, y en el gobierno capitalino que encabezó López Obrador. Después creció en las administraciones federales panistas y priistas, pero ahora parece ostentar más poder que nunca.
Raquel Buenrostro Sánchez habla con el presidente Andrés Manuel López Obrador al menos tres veces al día. La confianza que el jefe del Ejecutivo le ha depositado es tal, que muchos de los acuerdos que toma con ella no tienen que pasar por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa. Los oficios de López Obrador a Buenrostro son directos, sin intermediarios.
No es la primera vez que Buenrostro alcanza ese poder en una dependencia. Su fuerza en Pemex durante la gestión de José Antonio González Anaya fue tal, que se convirtió en la liquidadora de la única empresa de la petrolera que ha quebrado: Pemex Cogeneración.
En esta administración –antes de que López Obrador ordenara a Urzúa formalizar el nombramiento del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Adalberto Palma– Buenrostro ya había dispuesto el recorte de personal, la cancelación de prestaciones, y nombrado a los responsables de la administración de recursos de la institución que vigila al sector financiero.
Cuando Palma llegó a la CNBV, su sindicato, que representa a mil 200 empleados, ya había iniciado un paro de labores por la cancelación de los servicios médicos y problemas con su caja de ahorro.
Raquel Buenrostro decide sobre casi cada peso que el gobierno federal y sus organismos usarán para comprar o pagar servicios, vía licitación o adjudicación directa, durante los próximos años.
Esta historia es de la edición May 26, 2019 de Revista Proceso.
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