La difusión de un video donde el legislador panista Enrique Flores explicaba la “ecuación de la corrupción” que implicaba al Congreso de San Luis Potosí, a los alcaldes y a la Auditoría Superior del Estado acrecentó la indignación social como no se veía desde el movimiento del doctor Salvador Nava. Este fue el impulso que necesitaban las organizaciones civiles para articularse en el Frente Ciudadano Anticorrupción, que exige transparentar las cuentas de los poderes estatales y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos.
SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- El pasado 19 de junio se presentó formalmente ante la sociedad potosina el Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) y lo primero que hizo fue calificar a los diputados locales como “vergüenza nacional”.
Además, anunció una actuación formal en el Congreso y ante el Ejecutivo para que se investiguen y sancionen las irregularidades en que se han visto involucrados diputados, funcionarios de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y alcaldes.
El Frente ya se plantó ante el gobernador Juan Manuel Carreras López y ante el Congreso para que escuchen sus propuestas para el nuevo auditor superior y el fiscal anticorrupción. Además, el 29 de junio comprometió por escrito a los legisladores a sacar de la congeladora el dictamen para eliminar el fuero de todos los servidores públicos en San Luis, que se negaban a aprobar.
“De allí no hay regreso”, coinciden en entrevistas los dirigentes de cuatro organizaciones que integran el FCA: el Parlamento Ciudadano, Ciudadanos Observando, Ciudadanos Hasta la Madre y Acción Ciudadana.
Roger Errejón, del Parlamento Ciudadano –un frente que surgió en 2010 como enlace entre gobierno y ciudadanos–, resume que a principios de junio, cuando el periódico Pulso exhibió en video al diputado panista Enrique Flores Flores cuando explicaba una operación de cobros ilegales para blanquear cuentas municipales y de organismos en colusión con personal de la ASE, se confirmó lo que estos activistas tenían años y meses señalando infructuosamente.
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