Polidore y Wolfolk. Los acusados
WASHINGTON.- El juez federal Dennis Saylor, de la Corte de Boston, Massachusetts, desechó la demanda civil interpuesta por el gobierno de México contra ocho empresas estadunidenses fabricantes de armas, al considerar que tal querella está prohibida por leyes federales.
"Desafortunadamente para el gobierno de México, todas sus denuncias o están prohibidas por las leyes federales (estadunidenses) o no tienen sustento por otras razones", escribió el juez Saylor en su fallo.
Esto ocurre luego de que, por primera vez ante la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, concentrada en los últimos años en procesar casos de narcotráfico internacional; el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a dos de sus ciudadanos de conspiración para el trasiego multinacional ilegal de armas de fuego.
A 16 días de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador reclamara al secretario de Estado, Antony Blinken, que Estados Unidos no hace nada en su territorio para contener el tráfico de armas, en Brooklyn se abría el encausamiento contra dos estadunidenses, lo que se vio como una buena señal para México.
En entrevista con Proceso y previo al encuentro con Blinken en la Ciudad de México del pasado 12 de septiembre, el canciller Marcelo Ebrard había denunciado que Estados Unidos se mantenía con los brazos cruzados respecto a sus promesas de combatir al tráfico de armas.
"Patrick Polidore y Dennis Wolfolk están acusados de 11 delitos federales de conspiración para comprar y traficar ilegalmente más de dos docenas de armas utilizadas incluso en escenas de crimen", se lee en el encausamiento presentado ante el juez Steven I. Locke en Brooklyn.
Esta historia es de la edición October 02, 2022 de Revista Proceso.
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La traición familiar, una estrategia de Estados Unidos contra el Mayo Zambada
Vicente Zambada Niebla y Jesús Rey Zambada, hijo y hermano del Mayo, en su calidad de testigos protegidos estarían obligados a testificar contra el capo de capos si así son definidos por el juez Cogan. De no aceptar, el acto sería considerado como una violación grave al acuerdo que firmaron y aceptaron bajo juramento. El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa y quien enfrenta acusaciones que suponen la pena capital, no descarta la posibilidad de negociar y cooperar con la justicia estadunidense para ser considerado testigo protegido.
Testigos aseguran que Rocha Moya pidió apoyo al Mayo para ser gobernador
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BAJO LA LUPA POR ENRIQUECIMIENTO, EL GOBERNADOR RUTILIO ESCANDÓN
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El nuevo comisionado de Migración, BAJO LA SOMBRA de actas de nacimiento falsas
Durante su gestión, el aún gobernador de Puebla y futuro comisionado del INM, Salomón Céspedes, rescató y nombró titular del Registro Civil del estado a José Francisco de la Fuente Flores, sobre quien pesa una investigación por haber colaborado con una red de tráfico de migrantes. Meses antes había sido dado de baja por su involucramiento en la expedición de actas de nacimiento simuladas a migrantes chinos. En tanto, quien hizo las indagatorias internas sobre esas actas apócrifas fue cesada y la Segob sostuvo que el funcionario no tenía ante el gobierno de Puebla ninguna complicación legal”.
México ante el espejo venezolano
Especialistas en Derecho sostienen que la recién aprobada reforma judicial mexicana favorece el surgimiento de un sistema parecido al de Venezuela, que ha capturado al Poder Judicial y desmantelado su capacidad de controlar los actos del Ejecutivo y Legislativo. Indican que los autócratas contemporáneos ya no recurren a golpes de Estado para aumentar ilegalmente su poder, sino que se apoderan de los tribunales superiores para cambiar las reglas del juego e impulsar así sus proyectos políticos.
Instancias internacionales, el último recurso para preservar la independencia judicial
El ministro de la Suprema Corte Alberto Pérez Dayán realiza un proyecto de resolución para determinar si la reforma viola o no la independencia judicial; para el abogado Luis Miguel Cano el sistema jurídico mexicano ofrece otras alternativas para frenar la reforma. Si la Corte no logra invalidarla, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede iniciar un procedimiento contra el Estado mexicano; de no fructificar, puede llevar el caso ante la Corte IDH, cuyas sentencias sí son obligatorias. Pero esto puede tardar años...
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En el Anahuacalli La Ciudad de las Artes de Rivera, complemento de C.U.
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