Un corporativo canadiense en conflicto legal con el gobierno mexicano, First Majestic Silver Corp., y una contratista mexicana, La Cantera Desarrollos Mineros, han propiciado un entorno de explotación para más de mil trabajadores en las minas Santa Elena y El Ermitaño en los municipios serranos de Banámichi y Huépac, Sonora, además de afectar a la población lugareña.
Las malas condiciones laborales contradicen abiertamente los contratos firmados por mineros que viajan desde distintas partes del país, quienes enfrentan represalias directas -desde la suspensión hasta el despido- a la menor muestra de inconformidad o exigencia de cumplimiento.
Y aunque se produce una derrama económica en las comunidades por la presencia de los mineros, ésta no compensa la destrucción de caminos, la contaminación y daños colaterales, como ocurrió el pasado 17 de septiembre, cuando una toma clandestina de electricidad dejó sin luz a varias manzanas de Banámichi y amenazó con incendiar el campamento donde pernoctan los trabajadores.
La empresa First Majestic Silver Corp., con sede en Vancouver, enfrenta un reclamo tributario del gobierno mexicano por 11 mil millones de pesos debido a un fraude fiscal por manipulaciones en el precio del metal y transferencia ilegal de ganancias a su país, derivado de auditorías que datan de 2010.
El adeudo de impuestos derivados de cotizaciones a la baja del precio de la plata con maniobras artificiales fue detectado desde el gobierno de Felipe Calderón; sin embargo, ni éste ni el de Enrique Peña Nieto realizaron gestiones para el cobro. Fue hasta el arribo de Andrés Manuel López Obrador que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) solicitó a la empresa canadiense el pago de los faltantes.
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"Sí, aquí Siqueiros..."
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