La familia del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, se adelantó al Tren Maya: adquirió a precios de regalo –incluso a cero pesos– predios de lujo en Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Tulum (juntos suman casi 164 hectáreas), ubicados en puntos exclusivos y estratégicos por su cercanía con el megaproyecto. Esas adquisiciones en favor de Julia Abdalá, pareja de Bartlett, y de León Bartlett, hijo del director de la CFE, las facilitaron funcionarios de primer nivel que después fueron vinculados o señalados por corrupción.

Una investigación de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León descubrió la existencia de al menos dos redes de triangulación de recursos con factureras para el blanqueo de dinero, que han estado drenando recursos públicos y que son enviados a cuentas privadas relacionadas con el gobernador Samuel García. El mandatario estatal y su padre poseen dos despachos dedicados a la recuperación de créditos fiscales, que han facturado cientos de millones de pesos a la par de su gestión gubernamental.

La eliminación del Estado Mayor Presidencial no acabó con las prebendas. Contrario a los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre que ahora lo cuidan “15 compañeras, jóvenes”, que “no son elementos de seguridad” pero que lo protegen “de que no me vayan a apachurrar, que no me vayan a jalar tanto cuando se toman una foto”, la realidad es que la protección, viajes nacionales e internacionales y médicos del Ejército nunca se fueron para el presidente y su familia, incluso para colaboradores cercanos, revelan informes militares hackeados por Guacamaya Leaks.

Claudia Sheinbaum se convertirá en la primera mujer en la Presidencia de México. Además de ser la más votada en la historia de la organización autónoma de las elecciones, tendrá un control total sobre el Poder Legislativo con especial impacto en el Judicial y en el futuro de los organismos autónomos, como el INAI. Tras un proceso con tufo a intromisión presidencial, la nueva mandataria iniciará su sexenio con 24 estados con gobiernos oficialistas, puesto que Morena retuvo ocho entidades y ganó una.

El traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, la clasificación de seguridad nacional sobre megaobras como el Tren Maya y la Ley de Comunicación Social son algunos de los asuntos de interés nacional en los cuales la Suprema Corte ha emitido sentencias y éstas han sido ignoradas por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, sin importar la parálisis causada a órganos como el INAI y de que el incumplimiento de las resoluciones del Máximo Tribunal, de acuerdo con la Constitución, puede derivar en la destitución y consignación de los funcionarios responsables.

Testimonios en poder de la Fiscalía General de la República apuntan a que la Secretaría de la Defensa Nacional resguarda material sensible sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en 2014 y que le ocultó a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso, igual que a los padres de las víctimas. Y aunque esto implica la desobediencia a la orden presidencial de que el Ejército proporcionara toda la información que poseyera a la comisión, los mandos militares instruyeron a su personal para negar la existencia de esos materiales.

Especialistas en seguridad de varios países alertan sobre la vulnerabilidad del proceso electoral de este año frente al poder financiero y de intimidación del crimen organizado, y llaman a impedir que el narcotráfico profundice el proceso de “captura del Estado” que se desarrolla, principalmente, en los niveles de gobierno más vulnerables, municipios y estados del país.

La política económica del gobierno del presidente López Obrador dejará un margen ajustado de maniobra para el próximo gobierno federal, pues de acuerdo con analistas consultados, detrás de las señales positivas de la economía nacional está el inminente riesgo de contratar más deuda para soportar los programas sociales y megaobras como el Tren Maya –sin considerar la pretendida reforma a las pensiones–. ¿Soluciones? Las hay, pero son impopulares, como una reforma fiscal que incremente la base tributaria, advierten expertos.  

Con motivo del octavo aniversario luctuoso de Julio Scherer García, cofundador de esta casa editorial, se publica un fragmento del texto Anécdotas de Familia, en el cual Rodolfo de Lima –hijo de José de Lima– celebra la oportunidad de vida y las lecciones de amistad durante su “breve, pero muy intensa estancia” en la casa de los Scherer Ibarra, y rememora el cariño y afecto entre su padre y el periodista. 

Uno de los programas estrella del gobierno de la 4T, el Tren Maya representa para los trabajadores civiles que lo construyen un infierno lejos de la promesa presidencial de un trabajo digno y bien remunerado. Testimonios recabados para este reportaje dan cuenta de abusos, desfalcos, robos y maltrato contra los obreros de este proyecto a cargo de militares. Además, la edificación de un desarrollo hotelero impacta la Biósfera de Calakmul, Patrimonio Universal protegido por la Unesco.

En entrevista exclusiva con Proceso, Dámaso López Serrano, El Mini Lic –primer narcotraficante mexicano de alto nivel que se entrega a la Justicia de Estados Unidos–, hace revelaciones sobre la cúpula del Cártel de Sinaloa: El Chapo Guzmán, El Mayo Zambada y su padre, Dámaso El Lic López Núñez. Detalla cómo, tras la extradición de El Chapo, el cártel se fracturó y ahora, afirma, es una organización en implosión. Responsabiliza a Los Chapitos del asesinato del periodista Javier Valdez y devela aspectos de la narcopolítica en México: dinero para García Luna, votos para Peña Nieto…


El 19 de enero de 2020, Proceso publicó una carta de Javier Joaquín López Casarín en la que niega la información de un reportaje que lo señala de ejercer un poder fáctico dentro de la Cancillería. Pese a ello, López Casarín –actual diputado del PVEM– inició un litigio en materia de derecho de réplica contra esta casa editorial. Después de agotar varias instancias, el caso llegó a la Suprema Corte, cuya Primera Sala confirmó el pasado 31 de mayo una resolución que niega un amparo a la revista y dio paso al cumplimiento de una sentencia de apelación que obliga a Proceso a publicar nuevamente la carta.

Aunque la aspirante presidencial de Morena y exjefa de Gobierno capitalina Claudia Sheinbaum utiliza como argumento de proselitismo la reconstrucción de viviendas para damnificados del sismo de septiembre de 2017, las voces de estos coinciden en que no solo faltan muchas viviendas por entregar, sino que el gobierno de la ciudad pretende imponerles condiciones injustas para construir las viviendas y todavía vendérselas a crédito...

Para escapar de la recién aprobada reforma a la Ley Minera que impulsó el presidente López Obrador, la compañía Cobre del Mayo –que se encuentra asentada sobre la tercera reserva de cobre más importante del país–, consiguió de un juez un amparo contra todos los efectos de esa ley. Detrás de Cobre del Mayo existe un tinglado de sociedades de México, Luxemburgo, Chipre, Reino Unido y las Islas Vírgenes Británicas. Y detrás de estas se esconde el tercer hombre más rico de México: Ricardo Salinas Pliego.

El 8 de julio de 1976 la sevicia del régimen del PRI detonó el suceso que enarboló la defensa de la
libertad de expresión en el México del siglo XX. La expulsión de Julio Scherer García, Vicente Leñero y el grupo de periodistas que habían hecho de Excélsior la voz disonante de la prensa, marcó la historia del periodismo nacional con el surgimiento de Proceso, la revista que contribuyó a la transformación del país.

Al menos desde 2017 el fentanilo desembarcó en el puerto de Ensenada y su consumo se extendió por las calles sin ser detectado por las autoridades sanitarias. Los datos de sobredosis se escondían entre los efectos de los opioides en general hasta que estalló la crisis internacional por el trasiego de esa droga a Estados Unidos. Ahora esa falta de información dificulta las labores preventivas que realizan organizaciones civiles y humanitarias en la entidad, donde ya es un problema de salud pública.

Morena lleva a cabo una peligrosa estrategia lingüística para que la designación de su “coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación” no sea considerada un proceso interno para elegir candidato presidencial, es decir, una precampaña. Esta etapa, según las reglas del INE, inicia en noviembre para todos los partidos, por lo que, si el instituto o el tribunal electoral le dan la razón a la oposición, se considerarían ilegales tanto las giras como los gastos de los aspirantes a la candidatura presidencial del partido en el gobierno.

l martes 6 el canciller le arrebató a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México el mando del proceso interno de Morena. Cuando Marcelo Ebrard anunció su salida empujó a los demás aspirantes presidenciales a ajustar sus estrategias por la nominación y a alistar prematuramente su separación del cargo, como será el caso de Claudia Sheinbaum. Es más, el impacto del madruguete de Ebrard también se registra en la agenda de Morena, que este domingo sesionará de manera extraordinaria para establecer las reglas de lo que parece ser el “juego del tapado” al estilo de la 4T.

A propuesta del ministro Arturo Zaldívar, la Primera Sala de la Suprema Corte determinó que Proceso está obligado a publicar una carta que le envió el diputado del Partido Verde Javier Joaquín López Casarín, en respuesta a un reportaje que documentó su influencia como “poder fáctico” en la Cancillería. El fallo confirmó la constitucionalidad del artículo 15 de la ley en la materia, el cual establece que la publicación de una réplica debe tener características similares al texto que la motivó. La Corte tomó tal determinación sin que hubiera debate público entre los ministros y sin tomar en consideración que este semanario ya había publicado la carta de López Casarín.

Tras el hallazgo de una amplia zona de fosas clandestinas cerca del Cerro de Ortega, el municipio colimense de Tecomán se convirtió en el líder nacional de cementerios clandestinos. Hasta ahora se han exhumado de la zona los cuerpos o restos de 53 personas en 30 fosas, y la cifra puede aumentar porque los trabajos continúan. El que fuera municipio limonero es ya una “zona de guerra” y, aunque las brigadas de búsqueda hacen su trabajo, se sigue registrando un número alarmante de desaparecidos.

Tras la sentencia de la Corte que anula el traspaso de la Guardia Nacional (GN) a la Sedena, la corporación creada por el presidente López Obrador –que cuenta con cien mil elementos– se encuentra en “incertidumbre” y en riesgo de perder a los militares que la integran, pues ocho de cada 10 de sus uniformados podrían regresar a las Fuerzas Armadas, advierte el comisario Saúl Hiram Parra de la Rocha, subjefe de Planeación Administrativa y Logística de la Guardia Nacional. En entrevista con Proceso, también expone los riesgos a corto plazo para la seguridad pública del país si no se tienen los lineamientos sobre cómo debe acatarse el fallo de los ministros.  

El fin de la vigencia del Título 42 migratorio de Estados Unidos, establecido para el viernes 12, atrajo una oleada de migrantes a la frontera con México y reanimó a miles de ellos que ya esperaban una oportunidad a lo largo de la línea limítrofe. El temor a que su arribo colapsara los servicios, instalaran campamentos en áreas públicas e intentaran ingresar por la fuerza a Estados Unidos obligó a las autoridades locales y federales de ambos lados a coordinarse en operativos de contención, detención y deportación inmediata.  

Del 28 de abril al 1 de mayo alcaldes de la Tierra Caliente, legisladores y funcionarios guerrerenses, así como burócratas y pequeños empresarios realizaron un insólito bloqueo de sus propias cabeceras municipales, en protesta contra los operativos de la Fiscalía General del Estado. Supuestamente exigían también ayuda ante amenazas y presiones del grupo delictivo Los Tlacos, rivales de la Familia Michoacana, que predomina en la región hasta el punto de imponer autoridades y los precios de productos básicos.

El martes 18 la Suprema Corte declaró inválida la reforma que el presidente López Obrador promulgó en septiembre último para formalizar la militarización de la Guardia Nacional. Ahora su gobierno está obligado a regresar el control administrativo de la corporación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero eso no es todo, en los siguientes días se perfila en la Corte la aprobación de más restricciones para las facultades del cuerpo de seguridad pública.

En medio de una aparente reconfiguración de la disputa entre cárteles del narco por Guanajuato y la persistencia de los asesinatos múltiples y la desaparición de personas, que hacen del estado uno de los más violentos del país, el fiscal Carlos Zamarripa y el secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca, siguen sin revertir la incidencia de esos delitos. Sin embargo, cobijados por la mayoría de legisladores del PAN en el Congreso del estado, presumen que la procuración de justicia rinde resultados y que su policía es, “si no la mejor, una de las mejores del país”.

A pesar de que el gobierno ha implementado programas para tratar las adicciones, éstos han sido insuficientes para hacer frente a la proliferación de opiáceos sintéticos como el fentanilo. La falta de una política de drogas efectiva abre la puerta a que esta epidemia se propague sin control, sobre todo en la frontera con Estados Unidos. La ausencia de regulación efectiva en la venta de precursores químicos, utilizados para fabricar este tipo de drogas, ha permitido que los traficantes obtengan fácilmente los materiales para su producción a gran escala, e incluso que la oferten en la web profunda.

En espera de que la FGR acepte 10.7 millones por “reparación de daños” en los casos Odebrecht y Agronitrogenados, Emilio Lozoya permanece confinado con chaleco antibalas y cámaras de seguridad en un pasillo del reclusorio norte. La razón: ha recibido amenazas de muerte de “quienes no quieren que él hable”, afirma su abogado Miguel Ontiveros. Señala al expresidente Peña Nieto y su secretario de Hacienda Luis Videgaray como los principales interesados en el silencio y cuyas responsabilidades por corrupción están –sostiene– acreditadas en el expediente. Y advierte: si la denuncia de Lozoya tiene éxito, permitiría iniciar procesos judiciales y eso “puede cambiar el aspecto político en el año 2024, en el que habrá elecciones”.

Contrario al discurso presidencial, que asegura que el narco no domina ninguna parte del territorio nacional, un informe realizado por obispos mexicanos asegura que el crimen organizado sí controla zonas del país. En entrevista con Proceso, el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, explica detalles de ese reporte que entregarán al papa Francisco y alerta del riesgo que representan “las mentiras de las autoridades”. Además, llama al presidente López Obrador a un diálogo que busque pacificar México.
A unas semanas del primero de tres encuentros que los obispos de México tendrán con el papa Francisco en el Vaticano, a finales de abril y julio próximos, a quien le entregarán un informe de la situación de la violencia e inseguridad en el país, el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, afirma que el crimen organizado ha avanzado tanto hasta tener control de ciertas partes del territorio nacional y colusión con autoridades de todos los niveles de gobierno.

El Plan Sonora de Energías Sostenibles, que entre otras obras incluye el parque fotovoltaico más grande de América Latina, se basa en una alianza de facto entre el gobierno federal y los empresarios Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia, y Daniel Chávez, dueño del Grupo Vidanta y padre de los socios de José Ramón López Beltrán en KEI Partners. Chávez entregó en condiciones poco claras terrenos para la construcción de la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco. Ambos magnates fueron convocados también por el gobernador Alfonso Durazo para construir naves industriales a fin de atraer inversión extranjera.

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Revista Proceso - August 2024

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