Las estadísticas ponen sobre la mesa un serio problema en Guatemala: 69,5% de la población económicamente activa trata de subsistir a través de un empleo informal. Además, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) reporta un ingreso anual de 20.000 cotizantes, cifra muy lejana a los 600.000 empleos formales que necesita cubrir el país al año. Ante esta situación, desde hace unos años se venían valorando propuestas para flexibilizar las leyes del campo laboral. Una de ellas es legalizar y regular el trabajo a tiempo parcial, como un mecanismo que podría generar oportunidades principalmente a jóvenes, amas de casa, jubilados e incluso personas discapacitadas, con la ventaja de que ese tipo de contratación incluiría todos los derechos, prestaciones y obligaciones establecidas en el Código de Trabajo. Entre ellas prestaciones, bonificación anual (Bono 14) y vacaciones, cuyo cálculo se haría en proporción a la base.
Eso llevó a la aprobación del Acuerdo 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2017, pero faltaba ratificar el Acuerdo Gubernativo 89-2019, la normativa que da certeza y claridad de cómo se aplicará el instrumento, el cual acaba de entrar en vigencia (el 5 de julio de este año), después de dos años de trámite.
“Su principal característica es ser un marco normativo, sencillo y claro, que se rige por los principios de seguridad y certeza jurídica, igualdad, realismo, objetividad, equidad, tutelaridad, justicia y proporcionalidad”, asegura el departamento de Comunicación Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
Optimismo y dudas
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