El escándalo del espionaje a periodistas y activistas mexicanos denunciado hace un par de semanas por The New York Times deja al descubierto la debilidad del Estado mexicano para enfrentar este tipo de crisis, pues no hay instancia capaz de integrar una investigación imparcial y creíble que permita sancionar a los responsables y brindar las mínimas garantías a la ciudadanía.
La Procuraduría General de la República (PGR) es una de las instancias que presuntamente poseen el sistema de espionaje Pegasus, utilizado en las labores denunciadas por el diario estadunidense, por lo que el anuncio de que la encargada de abordar el caso será la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión no garantiza una actuación imparcial, pues depende de una de las instituciones a las que deberá investigar.
Pero si su falta de independencia no fuese motivo suficiente para desconfiar, sus primeras acciones todavía generan más escepticismo: anunció que contará con la colaboración del FBI, cuando ni siquiera han hecho una solicitud formal al respecto, como se encargó de evidenciar la embajada de Estados Unidos. Es decir, se busca resolver el asunto mediante acciones mediáticas en lugar de dedicarse a integrar una averiguación sólida y rigurosa que permita identificar y sancionar a los responsables.
Mientras tanto, el expediente que empezó a integrar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aun en el caso de que concluya que fueron las instancias del gobierno federal las que realizaron las tareas de espionaje, quedará en una recomendación pública, sin carácter vinculante, y en las quejas y denuncias ante las autoridades respectivas, que paradójicamente tendrían que ser la PGR y la Secretaría de la Función Pública, según los delitos que se detectaran, ambas dependientes del Poder Ejecutivo.
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