El gobernador de Puebla. Complot
La embestida legal y policiaca que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, lanzó contra el patronato de la Fundación Mary Street Jenkins, que controla la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y la fundación del mismo nombre, sigue el guion que el gobierno estatal morenista recibió del despacho del panista Roberto Gil Zuarth, quien fuera secretario particular de Felipe Calderón Hinojosa.
El objetivo de la operación, plasmado en un documento en poder de Proceso, es nítido: el despacho Accuracy Legal & Consulting, SC, prometió al equipo de Barbosa que, una vez lograda la “remoción de los actuales patronos” de la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ), “el estado de Puebla podrá recuperar más de 720 millones de dólares”.
Este monto representa el valor del patrimonio de la fundación, que incluye 18 inmuebles, acciones de tres empresas –entre ellas, la UDLAP–, un helicóptero, pinturas, esculturas, obras de arte, mobiliario y automóviles, y se encuentra en el centro de una intensa batalla legal entre los herederos del magnate William O. Jenkins, quien creó la fundación en 1954.
El documento es una presentación de 35 cuartillas que el despacho de Gil Zuarth entregó al gobierno de Puebla; en ella se detalla “la serie de procedimientos y actos administrativos requeridos para llevar a cabo la remoción de los miembros del Patronato de la FMSJ” y lograr la “investigación y recuperación internacional de activos”.
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