Pese a la disposición explícita del subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, de sancionar a los responsables de las desapariciones forzadas en Nuevo Laredo, en las que están involucrados elementos de la Marina, las cosas se complican. A menos de dos semanas de que se realice el encuentro de alto nivel para fijar las bases de un Mecanismo de Seguimiento de las investigaciones sobre 37 casos, las instalaciones de la base de la Semar donde fueron recluidas las víctimas se incendiaron… Las evidencias pudieron haberse destruido.
El jueves 3, alrededor de las 10:00 horas, cuando circulaba por las calles de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), recibió una llamada. Su interlocutor le pidió trasladarse a la calle Arteaga 1429, en la colonia Victoria, al oriente de la ciudad fronteriza.
Le comentó también que en ese domicilio –una antigua bodega habilitada como la Base de Operaciones Norte de la Secretaría de Marina– presuntamente estaban al menos 10 de las 51 personas detenidas por elementos navales entre enero y mayo de 2018, según el registro del CDHNL.
Cuando Ramos Vázquez llegó al domicilio –de 30x40 metros con paredes blancas destruidas, algunas con impactos de armas de alto calibre– sólo encontró cenizas en medio de tubos retorcidos que colgaban del techo, plafones, tablones de madera y estructuras de cemento y tablarroca.
El año pasado, familiares de personas detenidas y desaparecidas por marinos realizaron innumerables plantones a las puertas de ese inmueble, uno de los tres con los que cuenta la Secretaría de la Marina (Semar) en la región. Hasta la fecha permanecen desaparecidas 38 personas, mientras que 13 fueron encontradas sin vida, todas con signos de ejecución extrajudicial.
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