El fiasco en que terminó la adquisición de 37 frecuencias radiofónicas por la hasta entonces misteriosa empresa Tecnoradio puso en evidencia las grandes lagunas en la regulación de las telecomunicaciones por el Estado. De igual manera, mermó la recaudación calculada por el gobierno federal por las señales licitadas y atizó la preocupación de los concesionarios por la transparencia de los procedimientos oficiales y la igualdad de las reglas para todos los participantes.
Considerada como la licitación de frecuencias de radio más grande en los últimos 20 años por estar en juego un total de 257 estaciones en FM y en AM, la subasta del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) abrió la caja de Pandora sobre las trampas entre los grandes grupos radiofónicos privados en México y ventiló la sospecha de la participación de funcionarios del actual gobierno federal como posibles “prestanombres” de consorcios radiofónicos.
Además, el procedimiento de adjudicación exhibió un papel débil de los órganos reguladores, como el propio IFT y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que acabó lavándose las manos en medio de una agria polémica.
Todo este conflicto se ha generado en el contexto del realineamiento de los concesionarios de radio y televisión en vísperas de la sucesión presidencial de 2018 y el descontento de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), el organismo cúpula de los concesionarios, porque esta nueva licitación “encareció” el valor de las concesiones y deberán pagar más por la contraprestación de sus refrendos. Una buena parte de las concesiones vence antes de 2020.
Desde el 15 de junio de 2016, la CIRT se opuso a la licitación del IFT porque supone riesgos económicos y el organismo regulador “decidió simplemente no analizar la viabilidad económica plaza por plaza, con lo que se crea un entorno desfavorable para la viabilidad financiera de nuestras estaciones existentes”, según su comunicado oficial.
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