El proyecto del Tren Interurbano México-Toluca forma parte del ambicioso plan del núcleo de empresarios consentidos del presidente Enrique Peña Nieto y ligados al Grupo Atlacomulco, junto con el nuevo aeropuerto de Texcoco. Como tal, es una prioridad para el gobierno federal y estaba programado para concluirse el año pasado, pero no se liberaron previamente los terrenos afectados y eso está causando protestas sociales en los municipios que atraviesa la obra. A decir de vecinos y urbanistas, es poco probable que el tren funcione antes de que Peña Nieto deje la Presidencia.
TOLUCA, EDOMEX.- A pesar de ser una de las principales obras del gobierno de Enrique Peña Nieto, realizada por sus grupos empresariales consentidos, el Tren Interurbano México-Toluca no podrá ser concluido en este sexenio, debido principalmente a las protestas sociales que está generando a lo largo de los 58 kilómetros de su trayecto.
Planeado para conectarse con el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) –otra polémica construcción concesionada a estos grupos empresariales–, el tren ya se construye aun haciendo uso de la fuerza policiaca; la más reciente medida que tomó Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, para sofocar la protesta social.
Arturo Chavarría Sánchez, presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México, y quien ha seguido minuciosamente el proceso de la obra, asegura:
“A estas alturas ya es prácticamente imposible que el presidente Peña Nieto y los empresarios ligados a su Grupo Atlacomulco echen a andar el tren México-Toluca. Faltan sólo siete meses para que concluya esta administración federal. No podrán concluir la obra ni a marchas forzadas. ¡Es imposible!”
–¿A qué atribuye el fracaso? –Sobre todo a que no se liberaron pre
viamente los terrenos en los que se está tendiendo la vía del tren, como lo marcan las leyes. Y liberar significa pagar las indemnizaciones a los dueños de esas tierras: ejidatarios, comuneros, indígenas o pequeños propietarios. Pero el gobierno comenzó las obras sin siquiera consultar a los afectados, de manera arbitraria, totalmente ilegal.
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