Antes de que Enrique Peña Nieto deje la Presidencia deberá informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la “ola de desapariciones” en Nuevo Laredo, luego de que a finales de agosto esa instancia de la Organización de Estados Americanos le solicitó un reporte sobre 36 casos específicos ocurridos en el primer semestre de este año en esa entidad y que implican a elementos de la Secretaría de Marina. Frente a ese ultimátum, la dependencia federal y las autoridades que llevan el caso se han dedicado a hostigar y aun a criminalizar a familiares de las víctimas y a sus abogados.
La desaparición de al menos 36 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, durante el primer semestre de este año presuntamente a manos de personal de la Secretaría de Marina (Semar) puede convertirse en un caso más que marque a la administración de Peña Nieto.
El amedrentamiento a los familiares que las buscan y a los defensores de derechos humanos que los acompañan –incluida la titular de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Karla Irasema Quintana Osuna– contextualiza las indagatorias de las carpetas de investigación atraídas por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada (FED) de la Procuraduría General de la República (PGR).
La FED, a cargo de Abel Galván Gallardo, asumió los casos de desaparición luego que el 30 de mayo último desde Ginebra el entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, urgió al presidente Peña Nieto a “poner fin a la ola de desapariciones” en la ciudad fronteriza.
Ra’ad al Hussein sustentó su exigencia con un informe de 24 casos documentados por su personal en México. A esa cifra se fueron sumando expedientes abiertos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), hasta llegar a 36, aunque se estima que son 50 las desapariciones atribuidas a marinos en el primer semestre de este año.
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