Al conglomerado trasnacional Glencore, cuya matriz se encuentra en Suiza, se le acusa en varios países de evasión fiscal y daños socioambientales. Aun así, en México esa firma de negra fama tiene “licencia social para operar” y en la administración de Andrés Manuel López Obrador se agenció ya 12 contratos por casi 10 mil millones de dólares para, junto con su socio G500, operar y abastecer a 320 gasolinerías en el país, con la posibilidad de que el número de expendios se duplique este año. Para lograrlo, contó con el apoyo de Alberto Olimón Salgado, un exfuncionario inhabilitado en 2011 por vender gasolina cóquer.
Gracias a los 12 contratos que por 9 mil 800 millones de pesos le otorgó la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el gigante trasnacional Glencore se convirtió en uno de los principales proveedores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador; además reforzó su presencia en el sector energético mexicano, del que se benefició con la reforma energética implementada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En 2017, la trasnacional basada en Suiza –que arrastra un amplio historial de corrupción, evasión fiscal y daños socioambientales en el mundo– se asoció con el consorcio gasolinero Corporación G500, presidido por Antonio Caballero y Fernández para, juntos, operar y abastecer a 320 gasolinerías en el país. Su proyecto incluye la apertura de otras 320 este año.
Para instalarse en el jugoso mercado de los combustibles en México, Glencore contó con la ayuda de un especialista en la materia: Alberto Olimón Salgado, quien fue subdirector comercial de Gasolinas y Componentes en PMI Comercio Internacional, una de las empresas offshore de Pemex que sirve de brazo comercial de la dependencia en el ámbito internacional.
El 31 de mayo de 2017 Glencore concretó su asociación con el grupo Corporación G500. Ese día, ambas empresas incorporaron, a partes iguales, dos sociedades en la Ciudad de México: G500 Network y G500 Service Stations. En los dos consejos de administración figuraba Olimón como consejero, de acuerdo con las actas constitutivas de ambas firmas consultadas por Proceso en el Registro Público del Comercio (RPC).
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