La región de Tierra Caliente de Guerrero es eso: una zona sofocante por la violencia que causan los grupos armados de la delincuencia organizada, los cuales, ante la ausencia de la autoridad o en complicidad con ella, extienden sus tentáculos a la política y las actividades económicas, como la comercial y la minera. Ejemplo de esa pesadilla que no para es el saqueo de negocios de quienes se resisten a pagar el derecho de piso impuesto por La Familia Michoacana y el cierre de plantas de distribución de empresas que, como la Coca-Cola, exigen al gobierno de Héctor Astudillo que haga valer el estado de derecho.​​​​​​​​​​​​​
CHILPANCINGO, GRO.– El saqueo de dos almacenes de abarrotes a manos de una turba azuzada por miembros de la delincuencia organizada, ocurrido el 29 de abril en el poblado de Arcelia, resume el control que el narco ejerce sobre territorios de Tierra Caliente en los que la actividad económica y social está colapsada, donde están acotadas las garantías individuales y la ausencia de la autoridad es permanente.
A una semana de los hechos de rapiña que causaron pérdidas por 35 millones de pesos al empresario local Arturo Fernández Sámano, quien ya ha sufrido dos secuestros, se refuerza la línea de investigación de que el ataque en su contra se debe a que se negó a pagar el derecho de piso que le impuso La Familia Michoacana.
Al respecto, la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores ha resbalado a las autoridades municipales la responsabilidad del caso, señalando que “la autoridad local fue totalmente negligente, ya que nunca actuó, ni siquiera, para reportar los hechos que fueron alentados por un grupo delictivo”.
De acuerdo con los reportes oficiales, a las 4:00 horas del 29 de abril último, “varias personas” se metieron a las dos tiendas de El Surtidor, ubicadas en pleno centro de Arcelia, para robar mercancía. Había mujeres y niños entre la muchedumbre de unos 800 saqueadores.
Siete horas después del comienzo del asalto, a las 11 de la mañana, policías estatales, federales y soldados acudieron a la zona para “verificar los actos de rapiña”, indica el gobierno de Astudillo.
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