Familiares de víctimas de desapariciones atribuidas a miembros de la Secretaría de Marina acusan a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada y a la Asesoría Jurídica Federal, que depende de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de falta de transparencia y de obstaculizar el acceso a la justicia.
Los señalamientos surgen luego de que el viernes 5, el juez octavo de Distrito con sede en Reynosa, Faustino Gutiérrez Pérez, concedió un amparo contra el auto de formal prisión, dictado en abril pasado, en beneficio de 12 marinos acusados de las desapariciones forzadas de Noé Ignacio Alférez Hernández y Jonathan Ballesteros Loza, ocurridas el 17 de febrero de 2018.
Los marinos liberados formaban parte de un grupo de 30, todos integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales (Unopes) que fueron vinculados a proceso por tres causas penales por desapariciones forzadas ocurridas entre febrero y mayo de 2018 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, periodo en el que se registraron al menos 51 víctimas, 28 de ellas representadas por la Asesoría Jurídica Federal (Proceso 2201).
“Me siento triste, tengo coraje… Mis abogados de la CEAV me han tratado de explicar, pero aun así no lo entiendo, nosotros les dimos todo lo que nos pedían”, dice decepcionada Gregoria Hernández, madre de Noé Ignacio, quien tenía 22 años al momento de la desaparición.
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