La promesa del presidente López Obrador de abrir a cualquiera y totalmente los expedientes secretos del Cisen y otros organismos de seguridad puede toparse con problemas mayúsculos. Historiadores y especialistas en acervos documentales advierten que esos buenos deseos chocan con la legislación vigente, la capacidad de las dependencias gubernamentales para procesar toda la información y aun con la custodia de archivos como los de la Sedena y la Marina.
La promesa de abrir archivos históricos de todas las dependencias federales relacionados con “violaciones a derechos humanos”, persecuciones a “movimientos políticos y sociales” y “actos de corrupción”, junto a la apertura de documentos en poder del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), aún no se materializa pero ya enfrenta problemas: la voluntad política de conocer el pasado choca con la realidad del presente.
“Yo sostengo que la medida es deseable y demuestra mucho la voluntad política del presidente, qué bueno, ¡lo celebro!, pero es muy difícil que se reconcilie esa disposición con la normatividad vigente”, sostiene el historiador Sergio Aguayo, autor de investigaciones sobre los órganos de inteligencia mexicanos y crímenes de Estado durante la “guerra sucia”.
Escéptico, añade: “También se tiene que explicar con mayor precisión a qué se refiere con ‘corrupción’, ‘persecución’ y ‘violaciones a derechos humanos’, como establece el decreto”.
Hecha consigna desde la campaña electoral del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, la desaparición del Cisen y su política de transparentar sus labores de “espionaje” fue anunciada des-de enero, pero genera escepticismo entre otros historiadores y antiguos trabajadores del órgano de inteligencia fundado por Carlos Salinas de Gortari.
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TOTALCO, DONDE LA DISPUTA POR EL AGUA CADA DÍA ESTÁ A PUNTO DE DESBORDARSE
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Programas sociales, reformas y estrategias,
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En Edomex falsos narcos extienden el cobro de piso
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