No serán sancionadas la mayoría de las acusaciones cruzadas entre los candidatos a puestos de elección popular, incluso las que más hayan influido en la imagen de ellos y de sus partidos. La razón, dice en entrevista el fiscal electoral Héctor Díaz, es que la ley actual limita las acciones de la FEPADE. Por ejemplo, no contempla una serie de tipos penales, como la propaganda negra, la presentación de firmas falsas como respaldo de candidaturas o la violencia política de género. Además, dice el funcionario, algunos de los delitos que sí están tipificados alcanzan penas muy leves cuando se trata de particulares. En cuanto a otros sonados casos mediáticos, afirma, ni siquiera se han presentado las denuncias.
La Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) llegó al proceso electoral de 2018 sin instrumentos jurídicos para sancionar delitos, como la guerra sucia, firmas falsas, violencia política de género, o sólo con atribuciones para sancionar tibiamente conductas indebidas de particulares e incluso de sacerdotes que participen en campañas políticas.
Por otro lado, la dependencia de la PGR está inmersa en casos que han marcado su actuación, como la trama de corrupción de Odebrecht, que implica al extitular de Pemex Emilio Lozoya en presunto desvío de recursos a la campaña del ahora presidente Enrique Peña Nieto; así como los casos de los exgobernadores de Chihuahua, César Duarte, y de Veracruz, Javier Duarte, ambos con procesos pendientes por desvío millonario de recursos públicos a su partido, el PRI.
En entrevista, el fiscal electoral Héctor Díaz Santana explica: “Ahora trabajamos en el tema de las llamadas falsas contra Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Morena, y le hemos pedido a las compañías telefónicas que nos informen de dónde vienen esas líneas, qué está pasando, pero no existe una ley que les diga a ellos en qué tiempo máximo tienen que entregarnos la información.
“En Estados Unidos se comparten las bases de datos, así que las instituciones de investigación las tienen de manera automática, mientras que en México, mientras la ley no lo regule, de cierta manera dependemos de que ellos informen, y sólo en caso de que no lo hagan o tarden demasiado, solicitamos al juez que genere mecanismos de atención inmediata.”
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