El esquema de corrupción orquestado por la empresa Odebrecht es uno de los mayores que haya habido en el continente. En Estados Unidos, Brasil, Ecuador y Perú ya ha implicado sanciones pecuniarias o de cárcel para políticos. En México, en cambio, donde obtuvo miles de millones de pesos en contratos opacos, ningún funcionario ha sido siquiera llamado a declarar. Y eso que la lista de presuntos protectores del consorcio incluye nombres como Felipe Calderón, Javier Duarte, Emilio Lozoya y Agustín Carstens, entre otros muchos a quienes la Santa Impunidad ilumina.
Las operaciones de Marcelo Odebrecht en México apuntan directamente a Felipe Calderón, Fidel Herrera, Jordy Herrera, Héctor Rangel Domene, Agustín Carstens y a Miguel Ángel Yunes Márquez, quienes promovieron, avalaron y respaldaron económicamente sus negocios en México.
Sin embargo, ninguno de estos políticos y funcionarios es investigado por las autoridades mexicanas, y tampoco han aclarado por qué se empecinaron en establecer negocios como la planta procesadora de etano que Felipe Calderón impulsó desde 2003 en Veracruz, cuando era secretario de Energía, según revelan documentos internos de la empresa mexicana Idesa –que a la postre se asociaría con Baskem, filial de Odebrecht.
En Brasil, Ecuador, Perú y Estados Unidos se han impuesto multas o penas de cárcel a políticos por sucumbir a los millonarios sobornos de Odebrecht. En México, todos los funcionarios han sido protegidos por las autoridades judiciales. Los señalados en los documentos ni siquiera han sido llamados a declarar.
El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que, entre 2001 y 2016, Odebrecht repartió sobornos por 788 millones de dólares a funcionarios de 12 países. De ese dinero, 10.5 millones correspondieron a políticos mexicanos. El pasado martes 4 Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho declaró a las autoridades de Brasil que entregó 5 millones de dólares a Emilio Lozoya, director de Pemex de 2012 a 2016.
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