El magistrado Raffaele Cantone, presidente del órgano del Estado italiano contra la infiltración de las mafias en la administración pública, aprueba en entrevista la cruzada del gobierno mexicano contra el robo de combustibles. Sin embargo, basado en su experiencia en la lucha contra los grupos delictivos de su país, advierte que sólo es un buen principio, que debe profundizarse con la transparencia de las dependencias gubernamentales para detectar a los corruptos, además de la autonomía del Poder Judicial y la contención de los conflictos de interés.
El robo de combustibles muestra cómo los grupos delictivos han capturado al Estado mexicano. Combatirlo es un buen inicio, pero no puede quedarse en la detención de quienes los recolectan o transportan desde las tomas clandestinas o centros de distribución. Hay que ir por todos aquellos que integran la cadena delictiva, incluidos empresarios, funcionarios y políticos, señala Raffaele Cantone, presidente de la Autoridad Nacional Anticorrupción (Anac), el organismo autónomo que se encarga de investigar la infiltración mafiosa en la administración pública en Italia.
La manera en que los grupos criminales se apoderan del aparato público y pasan a controlar recursos del Estado es algo que Cantone conoce desde el Poder Judicial, en el cual fue magistrado y director distrital antimafia en la región de Campania, asiento de uno de los principales grupos mafiosos de Italia, La Camorra.
Nacido en Sicilia, capital de Campania, Cantone se encargó de conducir las investigaciones que a principios de la década llevaron a la cárcel a un clan de la Camorra. Desde hace cinco años está al frente de la Anac, un órgano estatal independiente del gobierno y encargado de prevenir la corrupción en la administración pública, tanto en los gobiernos municipales y regionales como en el central.
En 2014, año en que fue nombrado por el parlamento italiano máxima autoridad de la Anac, se encargó de la investigación y disolución de una red criminal que se había apoderado del ayuntamiento de Roma, donde controlaba los contratos y licitaciones. El caso se conoció como Mafia Capital y derivó en la detención y encarcelamiento de 43 personas acusadas de asociación mafiosa.
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